En los últimos días me ha llegado una consulta al blog que me ha llamado la atención, dado que me pedía orientación sobre la cantidad aproximada que debería pasar de pensión compensatoria a su mujer, informándome sobre los años que habían estado casados, de que ella nunca había trabajado y que tenía pocas posibilidades de hacerlo, del sueldo que él cobraba, y de que tenían dos hijos menores cuyas pensiones alimenticias ya sabía él, más o menos, las que serían.
Y me ha llamado la atención por la simplificación del asunto. Con lo que nos las vemos y nos las deseamos los abogados para saber por donde van a acabar yendo los tiros en un juzgado cuando ventilamos una pensión de alimentos, y la incertidumbre que genera cualquier resolución en ese sentido en función de la plaza… Pues hay ciudadanos de a pie para los que parece estar todo meridianamente claro tras tirar de lápiz y papel (en el mejor de los casos).
Y es que los divorcios, separaciones y el Derecho de Familia en general sigue considerándose la asignatura “María” del derecho, la abogacía y la justicia en general. Esa materia con la que todo el mundo se atreve, que no cuenta con jurisdicción especializada, a pesar de la eterna vocación que parece ser que existe por parte de la administración de que ello sea así, y en relación a la que no hace falta acudir a un profesional especializado en la materia para que me analice el tema a fondo y con detalle. Normalmente los propios abogados la han tenido como una materia “María”. Cualquiera ha podido llevar siempre un divorcio como un “a más a más” del tema importante que le llevo a mis clientes habituales. Como un mero trámite administrativo.
Pues no. El Derecho de Familia es una materia compleja, y requiere especialización como pasa hoy con todas las demás áreas del derecho. Y mucho más en la actual complejidad de nuestras globalizadas sociedades. Una complejidad que se traslada a las familias, bastando para ello observar la manifestación de sus más variadas tipologías, abundante normativa y operadores jurídicos, elementos de extranjería, patrimoniales, sucesorios, de economía y negocio familiar, situaciones de conflictividad y violencia doméstica, menores, y de especial afectación tributaria, que hacen que se pueda pagar muy caro no recurrir a un asesoramiento especializado en la materia.
