En la línea del anterior post, paso a recoger diferente jurisprudencia en la que se nos plasma de forma clara lo que nuestros Juzgados y Tribunales tienen (o deben tener) en cuenta, a la hora de determinar la real capacidad económica de las partes cuando la actividad laboral se lleva a cabo en una sociedad mercantil (por ejemplo una S.A. o una S.L.).
La Sentencia dictada por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Córdoba, en fecha de 3 de mayo de 2016, tiene en cuenta para fijar la pensión alimenticia a cargo de un padre, las importantes reservas de la sociedad mercantil de la que es administrador solidario, no repartidas en forma de dividendos a los socios y que, de facto, suponen un beneficio diferido.
La Sentencia dictada por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, en fecha de 14 de enero de 2016, señala que además de su salario en una empresa de la que es socio, el progenitor debe percibir una serie de ingresos por los beneficios obtenidos en la misma, debiendo tenerse en cuenta que la empresa es de una cierta entidad, al poseer nueve camiones y veinte remolques, además de contar con trece empleados, dando ello una idea de su amplitud comercial y envergadura.
La Sentencia dictada por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Málaga, en fecha de 29 de enero de 2015, señala que siendo el padre gestor de un grupo de empresas familiar, el importe de la nómina percibida no acreditaba su capacidad económica, dado que, por un lado, era él mismo quién elaboraba las nóminas y, por otro, en ellas no se contabilizaban los beneficios que como socio percibía. Añade la citada resolución, que el hecho de que alguna de las empresas estuviese en concurso voluntario carecía de trascendencia.
La Sentencia dictada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia, en fecha de 4 de diciembre de 2014, señala que el padre no acreditó con la transparencia y exigencia debida su verdadera capacidad económica, atendiendo a que las declaraciones del IRPF y las nóminas no se podían considerar pruebas definitivas al ser confeccionadas por él mismo, y que las cuentas anuales del ejercicio no estaban avaladas ni selladas por el Registro Mercantil, ni se había aportado un informe económico-contable de carácter objetivo al respecto, que permitiese al Tribunal conocer con exactitud y garantía el verdadero estado y funcionamiento de las sociedades.
Por último, la Sentencia dictada por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Córdoba, en fecha de 6 de octubre de 2016, considera que a pesar de ser posible que el progenitor materialmente trabajase como camarero en el «bar» que explotaba la entidad M., lo relevante era su condición de accionista mayoritario y administrador único de dicha entidad, y que en ese negocio prestaban sus servicios como trabajadores con contrato indefinido al menos cuatro personas (y otras tres como trabajadores en formación).
Fuente del Post: Revista de derecho de familia. Número 76. Thomson Reuters Aranzadi.
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