En muchas sentencias de divorcio se acostumbra a resolver el tema de la hipoteca con una fórmula genérica que remite a las partes al título constitutivo (osea, a lo que diga el contrato de hipoteca) en su relación interna y con terceras personas o entidades financieras, acogiendo así el criterio general contenido en el artículo 233-23 del Codi Civil de Catalunya, y como una manifestación directa de que la satisfacción del préstamo hipotecario no constituye una carga familiar.
En ese precepto, en general, y en las sentencias que particularmente se amparan en él, lo que se hace es desvincular la satisfacción de la hipoteca de las consecuencias de la crisis familiar, deviniendo por tanto en inejecutable dentro de la sentencia de divorcio.
En base a lo anterior, y al amparo del artículo 559.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Auto dictado por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 5 de diciembre de 2017 (ECLI: ES:APB:2017:8464A), considera nula la orden de ejecución dictada en la suma que se refiere a la deuda hipotecaria que la ex mujer reclama a su ex pareja, y que habría sido cubierta con su propia aportación, indicando que la señora «tendrá las acciones que considere oportunas en defensa de su derecho económico (acción de reembolso), pero dicha acción no está incorporada en la sentencia y por tanto no es ejecutable.»
Y es que el título ejecutivo (la Sentencia de divorcio) sólo es ejecutable respecto a lo que derive del conjunto de sus disposiciones (en una interpretación cabal de su contenido en todo caso) y ello en tanto en cuanto dicho título establezca obligaciones de satisfacer cantidades líquidas o a determinar conforme a reglas aritméticas simples fijadas ya en el fallo o que se generen en relación a las bases de la sentencia al contener obligaciones futuras (alimentos y gastos extraordinarios), pudiendo ejecutarse igualmente dentro del proceso de familia las obligaciones de dar , hacer o no hacer.
La citada resolución hace esta consideración básica al amparo de lo dispuesto en los artículos 517 y siguientes, y en concreto de los artículos 548 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder a las partes vía repetición o acción directa:
a) no pueden exigirse en la ejecución de la sentencia cantidades que se hubieran devengado con anterioridad a la misma (Hipoteca, IBI, seguros, gastos escolares o extraescolares); y
b) no pueden exigirse en la ejecución cantidades derivadas de obligaciones existentes entre las partes o respecto a las que una de ellas considere que tiene derecho, pero que no figuren en el título y sin perjuicio, nuevamente, de las acciones que correspondan entre las partes que no pueden ser pretendidas en la ejecución.
Lo anterior es relevante y ha de ser objeto de control por el órgano judicial en el momento de dictar la orden general de ejecución, no siendo suficiente con dar por buenas las cantidades que se reclamen por la parte ejecutante. En caso de despacharse ejecución se abren las posibilidades impugnatorias del artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y su limitado ámbito de oposición. Y es que en definitiva, la premisa a toda ejecución es que la cantidad reclamada derive específicamente del título tanto en relación a su objeto o concepto (no se pueden reclamar conceptos que allí no figuren) como en su cuantía (sin poder reclamarse cantidades no integradas en la sentencia).
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