Las posibilidades económicas de un progenitor a la hora de determinar el importe de una pensión alimenticia, o si la misma debe ser reducida, tienen que ser acreditadas por ese mismo progenitor, y la falta de cumplida prueba sobre su concreta capacidad económica no puede beneficiarle y perjudicar el derecho de alimentos del hijo común menor de edad.
La aportación de documentación fiscal para probar la real capacidad económica es habitual en estos casos, sobre todo en lo que se refiere a las declaraciones del IRPF. No obstante, también puede ser muy útil la documentación relativa al IVA, que sirve, en el supuesto al que se refiere la Sentencia dictada por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 2 de febrero de 2016, para que el Tribunal concluya que un progenitor mantiene su actividad, dado que según el IVA del primer trimestre de 2014, pese a no ser ganancias netas, obtuvo unos ingresos de 22.120 euros, frente los 6.584 del cuarto trimestre del 2013.
A pesar de que el señor afirmó que la actividad que realizaba no le reportaba ingresos y que únicamente percibía 1.800 euros de la jubilación, no acreditó documentalmente ese extremo y su recurso fue desestimado en apelación, atendiendo el Tribunal la petición de la madre de fijar el importe de la pensión alimenticia del hijo común menor de edad en 450 euros al mes.
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