La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, veda al Tribunal de apelación condenar o agravar la sentencia condenatoria cuando se alega error en la valoración de las pruebas.
Tras la entrada en vigor de dicha Ley, el artículo 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , dispone que:
«La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2”. Esto es, «Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada» (artículo 790.2).
“No obstante, (continua el 790.2) la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa».
Debe tenerse en cuenta que el artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su párrafo segundo, establece que:
«En ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal «.
Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, la Sentencia dictada por la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 13 de marzo de 2018 (ECLI:ES:APB:2018:4814), desestimó el recurso interpuesto por una mujer personada como acusación particular en las actuaciones, en base a la la existencia de error en la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio oral para determinar la responsabilidad civil derivada de un delito de impago de pensiones alimenticias, y solicitó la revocación de la sentencia recurrida en cuanto al pronunciamiento indemnizatorio y el dictado de una nueva sobre dicho extremo, condenando al penado a pagarle la cantidad de 24.206’54 euros correspondiente a las pensiones de alimentos impagadas hasta el día del juicio.
Pero ni la recurrente, ni el Ministerio Fiscal en su escrito de adhesión, interesaron la declaración de nulidad de la sentencia, su devolución a la instancia y el dictado de una nueva en que se acogiesen sus pretensiones, por lo que al solicitar la recurrente un agravamiento de la sentencia condenatoria dictada en primera instancia en base a la existencia de error en la valoración de la prueba, siendo consecuencia legal y necesaria de lo anterior la declaración de nulidad de la sentencia caso que, entrando en el fondo, se estimase que concurre el error alegado, y al no solicitarse por la recurrente la nulidad de la misma, ni poder ser decretada de oficio, se desestimó el recurso interpuesto por imposibilidad legal de estimar el suplico del recurso, sin necesidad de entrar a valorar el fondo de la cuestión planteada, pese a los acertados argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal en su escrito de adhesión.
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