Con demasiada frecuencia me encuentro con personas cuyo motivo de su consulta son las consecuencias de la firma de un convenio que no les satisface. Un acuerdo firmado en su día por ellos, en muchas ocasiones nefasto. Un acuerdo cerrado en falso.
Unas veces te cuentan que el motivo fue que mentalmente no estaban centrados, otro que en lo allí escrito no se reflejó lo que realmente era la finalidad de lo que las partes buscaban y pretendían, e incluso algunos te hablan de que fueron amenazados/as y no tuvieron más que ceder a determinados chantajes familiares, que no sabían lo que firmaban o que no sabían que costaría tanto cambiarlo en el caso de que, como era más que previsible, no lo pudiesen cumplir.
Nada de esto sirve. Si somos mayores de edad y no estamos incapacitados judicialmente, lo que firmamos va a misa. Y si lo hacemos bajo amenaza, se supone que inmediatamente nos vamos a denunciar. No podré argumentar en una petición de modificación de medidas que sólo accedí a un determinado acuerdo debido a la presión de la que fui víctima. Alegar algo así no tendrá valor ni relevancia alguna.
Por todo lo anterior, y por más motivos, es por lo que siempre recomiendo que cada miembro de la pareja se asesore de forma independiente con un letrado, al menos que inicialmente. Son cuestiones complejas y momentos difíciles. Es comprensible que la cabeza no esté todo lo fresca que debería.
Antes de firmar, leer. Mi voluntad debe estar realmente plasmada y reflejada en el papel. Con claridad. Que se lo lean otras personas de mi entorno para ver si ellas también interpretan que lo que yo quiero ha quedado ahí. Después, a lo mejor ya es tarde.
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