No se puede acordar que no se pague pensión de alimentos. Por muy precaria que sea la situación del padre o la madre a quien corresponda, los alimentos de los menores se consideran una cuestión de orden público, y no es algo cuya existencia o no se pueda negociar.
A pesar de ello, alguna vez se ha “colado” algún convenio regulador que recogía un pacto de este tipo, dejando muy claro la Sentencia dictada por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que nunca debió de ser aprobado judicialmente, por suponer una renuncia que afectaba a terceros, y en concreto a las hijas de la pareja de hecho como beneficiarias de las prestaciones alimenticias.
Dicha resolución subsana esa situación en el marco de un proceso posterior de modificación de medidas, al ratificar la fijación realizada en primera instancia de una pensión de 150 euros a cargo de la progenitora en favor de cada una de sus hijas, como forma de contribución a las necesidades alimenticias de las mismas, ineludibles como manera de entender el mínimo vital que precisan.
Otra cosa será la «generosidad» que se tenga con el progenitor obligado a la hora de reclamarle o no el pago de la pensión.
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