Uno de los motivos para reducir una pensión alimenticia es la pérdida de capacidad económica del obligado en relación al momento en el que la misma se determinó.
Pero el solicitante de esa reducción tiene la responsabilidad de acreditar esa circunstancia al máximo. Un certificado del INEM que demuestre que no se perciben prestaciones de subsidio o desempleo e incluso una declaración de la renta del IRPF, pueden no ser suficientes para demostrar una precariedad extrema.
La Sentencia dictada por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 31 de marzo de 2015, sólo reduce una pensión alimenticia de 400 a 250 euros, a pesar de manifestar el demandante una situación de absoluta precariedad, constando acreditado que tenía una importante deuda con la agencia tributaria y que vivía en el domicilio de su madre. Considera el Tribunal que no realizó toda la actividad probatoria que estaba en su mano, ya que trabajaba como autónomo con otro socio de albañil a través de una empresa que cerró, y no dio detalle de las condiciones de ese cierre ni de la forma en la que se desvinculó de su socio y realizó la liquidación, teniendo en cuenta que la empresa de la que se desvinculó continuaba funcionando con su ex socio al frente.
El Tribunal considera que todos esos extremos debieron dejarse mucho más claros por la repercusión que podían haber tenido en su economía, y aunque la otra parte pudo pedir oficios a la Seguridad Social, al Registro Mercantil, etc…, la carga de la prueba es del que pide la reducción sin que se pueda pasar la pelota al otro.
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