El derecho de uso corre el riesgo de perderse si aquella parte a la que ha sido atribuido no lo ejercita en un tiempo prudencial. Es decir, si encontrándose vacío el inmueble no lo ocupa, o si continuando viviendo allí el otro cónyuge no ejecuta la sentencia de divorcio en la que le ha sido atribuido.
Un supuesto en el que nos podemos encontrar es aquel en el que la sentencia haya sido recurrida en apelación y la parte beneficiada con la atribución del ejercicio del uso no haya ocupado el inmueble ni ejecutado la resolución a pesar de corresponderle todo el derecho a ello. La resolución de las apelaciones, al menos en la Audiencia Provincial de Barcelona pueden demorarse un año y medio o dos, y en base a que la ley nos permite siempre alegar hechos nuevos en segunda instancia, deberemos solicitar a nuestro letrado que aporte a la Sala de la Audiencia Provincial que corresponda, escrito haciendo constar como tal esa nueva situación de hecho consolidada que constituye el no ejercicio de ese derecho de uso atribuido, y la solicitud de su extinción y de que la vivienda quede de esa forma desafectada al dictarse la sentencia de apelación.
